Vibe lawyering: el abogado que siempre te da la razón no es un abogado
Este artículo es la primera entrega de una serie de tres ensayos sobre la forma en que la tecnología está modificando la práctica del derecho. Esta entrega aborda el vibe lawyering y la diferencia entre utilizar inteligencia artificial como herramienta y delegarle el criterio jurídico. La segunda analizará el prompt injection: la incorporación de instrucciones ocultas o maliciosas capaces de alterar el comportamiento de los sistemas utilizados en actividades legales. La tercera estará dedicada al prompt shopping: la práctica de reformular, insistir o seleccionar respuestas hasta conseguir que la inteligencia artificial confirme la posición que el usuario ya había adoptado. Las tres entregas se publicarán y permanecerán disponibles en belgodere.com/ensayos, y de manera simultánea en Bridge MX.
La escena se repite con más frecuencia de la que parece.
Un trabajador llega a una negociación convencido de que la ley le concede exactamente lo que está reclamando. Trae capturas de pantalla, un escrito con lenguaje jurídico y varias referencias que encontró en internet. Alguna pertenece a otro país. Otra corresponde a una materia distinta. Una jurisprudencia existe, pero no dice exactamente lo que él cree que dice.
Nada de eso reduce su seguridad.
Vio un video. Consultó una herramienta. Obtuvo una respuesta. Y ahora siente que tiene una opinión jurídica informada.
La escena no pertenece a un solo expediente. Resume conversaciones que abogados, empresas y áreas de recursos humanos vivimos cotidianamente con trabajadores, proveedores, clientes y contrapartes.
Hoy la respuesta puede venir de ChatGPT. Antes venía de TikTok. Y mucho antes venía de un machote comprado en una papelería.
La tecnología cambió.
La tentación es la misma.
Antes de la inteligencia artificial ya existía el machote
Durante años, personas y empresas compraron compendios de contratos, demandas, convenios y actas. Bastaba escoger el formato que tuviera el título correcto, cambiar nombres, cantidades y fechas, y confiar en que alguien, en alguna parte, ya había resuelto el problema.
En apariencia funcionaba.
El contrato tenía cláusulas. La demanda tenía prestaciones. El convenio tenía firmas. Todo se veía suficientemente jurídico hasta que alguien intentaba ejecutarlo, surgía una controversia o llegaba el momento de explicarle a una autoridad por qué ese texto debía producir determinado resultado.
Entonces aparecía el verdadero costo del machote.
La cláusula no correspondía a la operación. La obligación no tenía mecanismo de ejecución. El documento mezclaba legislaciones. La garantía era decorativa. La acción intentada no coincidía con los hechos. El formato había resuelto la apariencia, pero no el problema.
Internet no eliminó esa práctica. Sólo volvió gratuitos los machotes.
Después llegaron los blogs, los tutoriales y los videos breves. Hoy una persona puede ver un reel de cuarenta segundos sobre despido, arrendamiento, pensión alimenticia o incumplimiento contractual y trasladar esa explicación a su situación sin saber de qué país proviene, cuándo se publicó, qué hechos presupone o qué excepciones omitió para caber en la pantalla.
La inteligencia artificial es el siguiente paso de esa historia.
Es, en cierto sentido, un machote que conversa. Ya no sólo entrega un formato: escucha nuestra versión, cambia nombres, organiza argumentos y adapta el resultado a lo que le pedimos.
Por eso es mucho más útil.
Y también puede ser mucho más convincente.
Cuando parecer abogado se vuelve suficiente
En 2025 comenzó a popularizarse la expresión vibe coding para describir una forma de crear software conversando con una inteligencia artificial, aceptando sus propuestas y dejando de revisar con detalle el código que produce. El usuario explica lo que quiere, el sistema lo construye y, si aparentemente funciona, se sigue adelante.
El vibe lawyering traslada esa lógica al derecho.
No significa simplemente utilizar inteligencia artificial en el trabajo jurídico. Muchos abogados la usamos todos los días. En mi práctica se ha convertido en una herramienta esencial.
El problema aparece cuando el resultado conserva la forma de un producto jurídico, pero nadie comprende, verifica o puede defender seriamente el razonamiento que lo sostiene.
El escrito suena bien.
La cita parece correcta.
La conclusión coincide con lo que queríamos escuchar.
Y seguimos adelante.
La ley es general. La justicia siempre termina siendo concreta
Las leyes están redactadas con vocación general y abstracta. Pretenden regular categorías de conductas, relaciones y conflictos. Pero las personas no llegan a los tribunales como categorías.
Llegan con hechos particulares, documentos incompletos, fechas, omisiones, conversaciones ambiguas, conductas contradictorias y pruebas que pueden significar cosas distintas según el contexto.
La labor del abogado consiste en identificar qué normas corresponden realmente a esos hechos. La del juzgador, cuando la controversia llega ante una autoridad, consiste en individualizar el derecho y resolver el caso concreto.
Eso exige mucho más que localizar un artículo.
Hay que determinar qué legislación aplica por materia, territorio y momento. Revisar leyes secundarias y reglamentos. Jerarquizar normas. Identificar contradicciones aparentes. Consultar jurisprudencia y precedentes. Distinguir criterios obligatorios de argumentos meramente orientadores. Verificar si una interpretación continúa vigente. Y después armonizar todo con los hechos que efectivamente pueden probarse.
Un video puede explicar una regla.
Un formato puede ofrecer una estructura.
Una inteligencia artificial puede proponer un argumento.
Ninguno de los tres individualiza por sí solo la norma al caso concreto.
Cómo utilizo la inteligencia artificial en mi práctica
La respuesta a estos riesgos no consiste en dejar de usar inteligencia artificial. Yo no tendría autoridad para proponerlo: forma parte cotidiana de mi manera de investigar, revisar y organizar trabajo jurídico.
La diferencia está en saber para qué utilizarla.
Puedo pedirle que identifique las tesis y criterios que podrían relacionarse con un problema. Eso amplía la investigación y reduce el riesgo de que una primera búsqueda deje fuera una línea relevante.
Pero la respuesta no termina ahí.
Después hay que pedir los registros y sus fuentes. Abrir los vínculos. Descargar las resoluciones. Confirmar que existen. Leer lo que realmente sostienen. Revisar su vigencia. Determinar si los hechos del precedente son comparables. Y finalmente preguntar cómo se armoniza ese criterio con el artículo aplicable y con el resto del sistema normativo.
La inteligencia artificial ayuda a encontrar caminos.
El abogado decide cuáles llevan a algún lugar.
También la utilizo para generar lluvias de ideas. Ante un asunto complejo puedo pedirle que proponga distintas formas de abordarlo: jurídicas, procesales, probatorias, comerciales o incluso operativas. Algunas serán inviables. Otras serán evidentes. De vez en cuando aparecerá una posibilidad que no habíamos considerado.
Ese es justamente el propósito.
Una lluvia de ideas no es una decisión. Es una forma de ampliar el espectro antes de aplicar criterio, experiencia y contexto.
Hay otros usos menos espectaculares, pero extraordinariamente valiosos. La IA puede revisar la congruencia de género y número en un contrato. Verificar que los nombres de las personas y empresas estén escritos de la misma forma en todo el documento. Detectar definiciones utilizadas de manera inconsistente. Comparar apartados. Identificar referencias cruzadas rotas. Uniformar títulos, tablas y formatos.
Incluso he desarrollado instrucciones para dar formato visual a demandas de amparo. La herramienta respeta el contenido del escrito, pero organiza transcripciones, encabezados y secciones para que el documento sea menos cansado y confuso. Un trabajo de forma que antes podía consumir horas se realiza en pocos minutos.
Eso me permite concentrarme en el fondo.
No sustituye al abogado.
Le devuelve tiempo para ejercer como abogado.
La promesa de democratización es real
Sería un error reducir esta conversación a una defensa gremial. La inteligencia artificial sí puede ampliar el acceso a la justicia.
Puede traducir términos incomprensibles. Ayudar a una persona a ordenar cronológicamente sus hechos. Explicarle la diferencia entre una denuncia, una demanda y una queja. Sugerir qué documentos debe reunir o qué preguntas conviene formular antes de una consulta. Incluso puede advertir que existe un plazo y que dejarlo correr tendría consecuencias.
Para muchas personas, esa primera orientación puede ser la diferencia entre identificar un derecho y no saber siquiera que existe.
El derecho ha construido durante siglos una barrera de entrada basada en lenguaje técnico, procedimientos complejos e información dispersa. Si la inteligencia artificial ayuda a reducirla, hay algo valioso que debemos proteger.
Pero democratizar el acceso al lenguaje jurídico no equivale a democratizar automáticamente el criterio jurídico.
Una cosa es entender qué dice una norma.
Otra es saber qué significa para este caso, con estas pruebas, frente a esta autoridad y bajo estas condiciones.
La ley es pública. El funcionamiento de la justicia, no tanto
Los modelos de inteligencia artificial se alimentan principalmente de información disponible: leyes, sentencias, tesis, reglamentos, artículos, libros y documentos publicados. En teoría, eso parece suficiente para conocer el derecho.
En la práctica, el derecho no vive únicamente en sus textos.
México sí genera estadísticas judiciales. El INEGI publica el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y diversos registros especializados. La ENVIPE permite observar la victimización, la denuncia, la cifra negra y la percepción sobre las autoridades. En 2025 se presentó además el primer ejercicio federal del Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral.
El problema no es que no exista información.
El problema es lo que todavía no podemos hacer con ella.
Podemos conocer volúmenes de asuntos, expedientes ingresados, cargas institucionales, formas de conclusión y, en ciertas materias, duraciones promedio. Pero sigue siendo muy difícil contestar con datos públicos preguntas decisivas para una persona concreta:
- ¿Cuánto tardará realmente un juicio de este tipo en este lugar?
- ¿Qué porcentaje de casos comparables llega a sentencia?
- ¿Cuánto se recupera efectivamente después de ganar?
- ¿Qué pruebas suelen cambiar el resultado?
- ¿Cuánto varían los tiempos y criterios entre juzgados?
- ¿Cuántas sentencias favorables terminan ejecutándose?
Tenemos información para describir instituciones. Todavía tenemos poca para modelar trayectorias jurídicas completas.
Eso dificulta hacer verdadera ciencia de datos con la justicia. También limita lo que una inteligencia artificial puede aprender sobre la diferencia entre el derecho publicado y el derecho vivido.
Un modelo puede leer el reglamento del juego.
Eso no significa que conozca el estado de la cancha.
El cliente no entrega hechos: entrega una historia
Incluso si la inteligencia artificial tuviera acceso a cada ley y a cada sentencia, seguiría faltando una parte esencial del trabajo jurídico.
El cliente no llega con hechos puros.
Llega con hechos mezclados con miedo, enojo, expectativas, recuerdos incompletos e interpretaciones personales. Llega con una conversación de WhatsApp que considera una confesión definitiva. Con un correo que, desde su perspectiva, demuestra mala fe. Con una promesa verbal que recuerda de una forma y la contraparte probablemente contará de otra.
No está mintiendo necesariamente.
Está involucrado.
Y estar involucrado modifica la forma en que entendemos lo que ocurrió.
Una de las funciones menos visibles del abogado consiste precisamente en retirar, con cuidado, esa carga emocional del análisis. No para ignorarla, sino para evitar que sustituya a la prueba.
El abogado debe separar hechos de conclusiones. Distinguir lo injusto de lo jurídicamente reclamable. Explicar que tener razón no siempre significa poder demostrarla. Identificar documentos faltantes, hechos inconvenientes y riesgos que el cliente preferiría no mirar.
También debe descubrir qué busca realmente la persona. No es lo mismo querer cobrar que querer castigar. No es lo mismo recuperar un activo que obtener una disculpa. No es lo mismo ganar un juicio que conservar una relación comercial.
La pregunta jurídica inicial rara vez contiene todo el problema.
Por eso un abogado no sólo responde preguntas. Primero intenta descubrir cuál es la pregunta correcta.
El abogado que nunca contradice
Aquí aparece una de las debilidades más delicadas de la inteligencia artificial conversacional.
El sistema recibe una versión unilateral de los hechos y está diseñado para ayudar. Si el usuario afirma que fue engañado, la conversación parte de esa premisa. Si asegura que una prueba es contundente, el modelo puede construir sobre esa interpretación. Si pide redactar "como el mejor abogado defensor", recibirá una defensa, no necesariamente una evaluación neutral.
Y si la respuesta no le gusta, puede volver a preguntar.
Puede reformular los hechos. Eliminar un dato incómodo. Añadir que la contraparte actuó de mala fe. Pedir una respuesta "más contundente". Solicitar que adopte exclusivamente su posición. Cambiar de modelo. Abrir otra conversación. Insistir hasta encontrar la conclusión deseada.
Es una especie de interrogatorio al revés: no se interroga a la inteligencia artificial para descubrir la verdad, sino hasta que confiese que nosotros teníamos razón.
La investigación sobre sycophancy —la tendencia de los modelos a acompañar las creencias o preferencias del usuario— muestra por qué este riesgo no es imaginario. Un sistema útil y cordial puede terminar validando una premisa dudosa porque contradecir al usuario también reduce, al menos superficialmente, la sensación de ayuda.
La máquina no tiene que ser engañada deliberadamente. Basta con contarle el conflicto como nosotros lo vivimos.
El sesgo entra en la pregunta.
La IA lo ordena, lo redacta y lo devuelve con apariencia de objetividad.
De la orientación a la falsa certeza
El mayor riesgo del vibe lawyering no es una respuesta absurda. Las respuestas absurdas suelen detectarse.
El verdadero riesgo es una respuesta razonable, bien redactada y parcialmente correcta que omite justo aquello que podría cambiar la decisión.
Puede citar una norma vigente, pero ignorar una excepción. Puede identificar una acción posible, pero no advertir que ya prescribió. Puede construir un argumento defendible, pero no explicar que existe otro más fuerte en sentido contrario. Puede redactar una demanda impecable y, al mismo tiempo, incluir una afirmación que el cliente no puede probar.
La forma profesional genera confianza. Y la confianza genera acción.
Ahí es donde la democratización puede convertirse en falsa certeza.
Una persona sin abogado normalmente sabe que necesita ayuda. Una persona con un documento producido por inteligencia artificial puede creer que ya la recibió.
No necesitamos menos inteligencia artificial. Necesitamos mejores contradicciones
La respuesta tampoco consiste en prohibir o desacreditar estas herramientas. Sería tan inútil como pedir que internet dejara de explicar enfermedades porque una búsqueda no sustituye al médico.
Necesitamos aprender a utilizarlas sin convertirlas en notarios de nuestras propias convicciones.
Una buena consulta jurídica a la inteligencia artificial no debería limitarse a preguntar: "¿Por qué tengo razón?". También tendría que preguntar:
- ¿Qué hechos estoy interpretando como ciertos sin poder acreditarlos?
- ¿Cuál sería el argumento más fuerte de la contraparte?
- ¿Qué información falta para emitir una conclusión?
- ¿Qué parte de esta respuesta depende de legislación o jurisprudencia que debe verificarse?
- ¿Qué riesgos tendría actuar con base en este análisis?
- ¿Qué cambiaría completamente la conclusión?
La herramienta puede servir para ordenar el problema, preparar una consulta y explorar escenarios. Puede ampliar la capacidad de una persona para participar en su propia defensa. También puede obligar al abogado a explicar mejor su trabajo y demostrar por qué su criterio agrega valor.
Pero cuando existen patrimonio, libertad, empleo, familia o reputación en juego, alguien debe asumir la responsabilidad de comprender el contexto completo, verificar las fuentes, confrontar la narrativa y responder por la estrategia.
Ese alguien todavía no puede ser una conversación que desaparece al cerrar una pestaña.
La inteligencia artificial puede hacer que el derecho sea más comprensible, cercano y menos costoso. Eso representa una oportunidad extraordinaria para ampliar el acceso a la justicia.
Pero la justicia no consiste únicamente en producir respuestas.
Consiste en comprender contextos, contrastar versiones, jerarquizar normas, medir riesgos, reconocer incertidumbre y tomar decisiones que afectan la vida de personas reales.
Durante años, el problema fue que demasiadas personas no podían acceder a un abogado.
Ahora puede aparecer uno nuevo: que millones crean tener uno porque una pantalla aprendió a hablar como tal.
La IA puede ayudarnos a entender nuestros derechos.
También puede ayudar a los abogados a investigar mejor, revisar con mayor precisión y dedicar más tiempo al fondo de los asuntos.
Lo que no debe hacer es convencernos de que nuestra primera versión de los hechos es necesariamente la correcta.
Porque el abogado que siempre te da la razón no es el mejor abogado.
Probablemente ni siquiera sea un abogado.
Y quizá tampoco te dio la razón.
Sólo aprendió qué respuesta querías escuchar.
Fuentes de consulta
- INEGI, Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025
- INEGI, Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2025
- INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025
- INEGI, Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Federal 2025
- Simon Willison, "Not all AI-assisted programming is vibe coding"
- Anthropic, "Towards Understanding Sycophancy in Language Models"